El Consejo Regional Indígena y Popular (CRIPX) que logró la suspensión de los trabajos del Tren Maya en Calakmul pide al gobierno federal que respete sus logros.
En Xpujil un lugar en donde el Consejo Regional Indígena y Popular (CRIPX) tiene su centro operativo, Romel González, asesor jurídico y uno de sus fundadores, hace una demanda al gobierno federal: “tiene que respetar y revisar todo el trabajo que hemos hecho, como comunidades y como organización».
El abogado pide al gobierno de López Obrador que haga un diagnóstico real de las necesidades de los pobladores de la región que será afectada por el Tren Maya.
“Como insumos, maquinaria y recursos para trabajar la tierras, apoyos para fortalecer nuestros negocios y resolver el desabasto del agua. El municipio de Calakmul se ha declarado ecológico y un tren le rompe esta categoría. No es la oposición por la oposición, es que este proyecto viene desde el centro y no desde las comunidades”.
La entrevista se hizo antes de que la jueza primera de Distrito, Grisell Rodríguez Febles, ordenara suspender definitivamente los trabajos del Tren Maya en Calakmul tras un juicio de amparo promovido por el CRIPX.
El abogado rememora la lucha que se libra en las comunidades para evitar el despojo y mejorar las condiciones de vida.
La tranquilidad del sitio arqueológico de Calakmul se interrumpe con la presencia de los pocos turistas que aún quedan. Todo lo demás tiene un ritmo natural que hace pensar en un concierto selvático lleno de aves, monos aulladores, en donde está ubicada una de las reservas naturales más grandes de México.
“Lo que a mí más me provoca problemas para entender esto es que hablando de los pobres y de que nos vienen a traer el progreso, como dice Rogelio, estamos viendo desde el principio una visión colonialista, ‘yo vengo de la ciudad, vengo con todo el conocimiento y te vengo a acabar la pobreza con un tren’”, explica Romel acerca de las implicaciones de un proyecto como el que ha planteado el gobierno de López Obrador para la reactivación de la economía en la península de Yucatán.
“Es un colonialismo moderno, como decía Comte y los positivistas, ‘yo te vengo a traer el orden, yo te vengo a traer el progreso, te vengo a traer la civilización’. Creemos que está mal y que se rompe el esquema de las comunidades”.
Además de las críticas a la concepción del proyecto, el abogado de la organización indígena señala que hay una serie de pasos mal dados respecto al planteamiento del proyecto, ya que “dan mal la información, incompleta, y se piensa que quienes tenemos otra postura podemos caer en falso, es importante que den toda la información completa para poder argumentar completamente”.