Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificaron totalmente la pregunta de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes planteada por el jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, y avalaron el ejercicio de participación ciudadana.
Fueron casi dos horas y media de discusión sobre la constitucionalidad de la consulta en la que varios ministros se pronunciaron por reformular la pregunta que se realizará a los ciudadanos.
Contrario a lo que planteó el proyecto del ministro Luis María Aguilar, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, aseguró que la consulta no busca restringir derechos humanos y rechazó que se presente a alguien como culpable, pues no asume que las personas que se mencionan son responsables ni tampoco busca que la ciudadanía decida su culpabilidad.
“El poder que se deposita en nosotros de decidir que una consulta no puede realizarse, debe ejercerse con conciencia de la responsabilidad que entraña. Vedar la posibilidad de que las personas ejerzan su derecho a la participación política es algo que no debemos hacer a la ligera”, señaló Zaldívar.
El ministro Javier Laynez Potisek tomó la palabra para enfatizar que no compartía ninguno de los argumentos de los ministros que se pronunciaron a favor de la consulta y aseguró que los jueces no son nombrados para ganar popularidad.
La ministra Norma Piña coincidió en que la consulta es inconstitucional, pues señaló que ni la Carta Magna ni las leyes tienen impedimentos para poner a disposición de la justicia penal a los ex presidentes.
“Mi responsabilidad como ministra es no ceder a más presiones que las que provienen exclusivamente de mi mandato como jueza constitucional”, enfatizó.
Los 11 ministros expusieron sus opiniones y con seis votos a favor, dieron el “sí”, a la consulta.
Luego de un receso en el que los integrantes de la Corte se reunieron en privado y que decidieron reformular la pregunta de la consulta, se reanudó la sesión y en menos de cinco minutos, aprobaron, con ocho votos, el nuevo cuestionamiento en el que ya no se señala directamente a los expresidentes, pues se hace referencia a actores político.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional, y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?”, indica la nueva pregunta.